SIN LIBERTAD SINDICAL NO HAY SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
Fuente: Confederacion Nacional de Trabajadores Estatales - CTP - y Confederacion General de Trabajadores del Peri - CGTP -.
Las Naciones Unidas han declarado el 23 de Junio, como el Día Internacional de los Servicios Públicos y como Internacional de Servicios Públicos hemos asumido a este día como un momento de reconocimiento de que somos las trabajadoras y trabajadores públicos quienes los producimos cotidianamente. En esta medida somos un pilar fundamental de la sociedad y de su edificación justa, democrática y equitativa.
No obstante las políticas de Estado evidencian en los últimos años una tendencia regresiva en cuanto a las garantías y ejercicio de la libertad sindical, la negociación colectiva y el derecho de huelga para todos los trabajadores del sector público, de todos los niveles profesionales y ocupacionales. La concepción hegemónica de la Reforma del Estado ha puesto en las espaldas de los trabajadores todo el peso de la crisis.
Particularmente en los países Andinos, la ISP a través de un Estudio Comparado de la Legislación y Prácticas Laborales en el Sector Público, ha determinado la gravedad de esta situación que independientemente de las diferentes definiciones políticas de los gobiernos de turno, tiene un común denominador que se sintetiza en:
Desigualdad ante la ley: todos los países constitucionalmente han desarrollado una división social del trabajo en el sector público, la que ha implicado la existencia de regímenes laborales diferenciados expresados más concretamente a través de las leyes secundarias. Existen unos trabajadores/as públicos cobijados por las leyes de carrera administrativa y otros por las leyes generales del trabajo. Esta división no tiene una tendencia homogénea. Se observa que Venezuela, Bolivia, Colombia y Ecuador han segregando las labores administrativas de las operativas, dividiendo el trabajo manual del intelectual. Por su parte Perú y Colombia han separado laboralmente a los sectores productivos de los sectores sociales del Estado; mientras que la nueva constitución de Ecuador los vuelve a unir a nivel de empleados públicos, a través del cambio de su régimen laboral a la ley de carrera, provocando la desaparición de los comités de empresa de trabajadores de las empresas públicas.
Desigualdad como sujetos de derechos: aquellas personas ligadas laboralmente al empleo público a través de las leyes de carrera no tienen la categoría de trabajadores, asumiendo la denominación de servidores públicos, lo que les sitúa ante el ejercicio de un “servicio civil”, más que un ejercicio laboral, situación que socialmente limita su condición de sujetos de derechos laborales y sindicales y pone al Estado como empleador omnipotente. Esto ha determinado que estos trabajadores y trabajadoras, por ejemplo en Bolivia y Ecuador no tengan derecho a organizar sindicatos y en Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia no tengan derecho a la negociación colectiva, dos pilares fundamentales de la libertad sindical; a pesar de que Colombia es el único país Andino que ha ratificado el Convenio OIT 154 que garantiza la negociación colectiva para empleados públicos.
Reconocimiento jurídico parcial y restricción real de la negociación colectiva: todas las constituciones Andinas integran a la negociación colectiva como un legítimo derecho de los trabajadores, no obstante como se mencionó anteriormente algunas lo restringen para aquellos denominados servidores públicos. Caso peculiar es Venezuela, en donde jurídicamente todos los trabajadores, incluyendo el sector de servidores públicos tienen el derecho, sin embargo la negociación colectiva a nivel público tiene serias dificultades para ser ejercida, debido a trabas jurídicas colaterales como la actualización de las directivas sindicales y el desarrollo de procesos de negociación con nuevos sindicatos. Ecuador también presenta una grave situación a partir de un proceso de revisión unilateral de los contratos colectivos del sector público que desmanteló las conquistas sindicales y que fue seguido de decretos ejecutivos y acuerdos ministeriales que eliminan en la práctica la negociación colectiva.
Injerencia gubernamental en las organizaciones sindicales y gremiales: las constituciones de Venezuela y Ecuador a través de la figura de la promoción por parte del Estado de la democratización de las organizaciones, abre claramente la posibilidad de interferencia y pérdida de autonomía sindical. A esto se le suman las prácticas de Hostigamiento hacia las organizaciones por parte de los gobiernos de turno y los empleadores, quienes han montado campañas mediáticas de desprestigio de las organizaciones y sus conquistas, que en algunos casos llega hasta la eliminación física de la dirigencia como se viene produciendo en Colombia y en menor magnitud ha iniciado a expresarse en Venezuela.
La flexibilización y desregulación laboral en el sector público: ha ocasionado una distorsión en el empleo público debido a la instauración de figuras de vinculación que aumentan los niveles de sobrexplotación del trabajo, restringen derechos y limitan el ejercicio sindical. Esto ha significado una baja tasa de sindicalización en relación a la población trabajadora activa en la función pública, por tanto, el aumento significativo de trabajadores no organizados lo que propicia la eliminación paulatina de las relaciones colectivas de trabajo con el Estado. Estos trabajadores y trabajadoras, tienen mayores dificultades en alcanzar el objetivo de la organización, ya que si bien el derecho está reconocido constitucional y legalmente, en lo concreto existen una serie de prácticas gubernamentales y de los empleadores que impiden cristalizar ese afán, pues son víctimas del temor ante la amenaza permanente del despido.
La evaluación del desempeño con carácter punitivo, es una vía abierta para los despidos y eliminación progresiva de la carrera administrativa: en todos los países los procesos de gestión de personal han involucrado sistemas de evaluación de desempeño que se convierten en una amenaza para los trabajadores y trabajadoras, ya que ponen a la evaluación en el centro de decisiones trascendentales en la carrera pública y sus resultados, con un peso mayormente subjetivo, afectan directamente la permanencia en el empleo. Por su parte el aumento de formas flexibles de contratación ha implicado la eliminación progresiva de la carrera administrativa, ya que no se abren nuevas plazas para contratación formal y los ascensos están parados.
Esta situación presenta para la ISP una contradicción. Mientras somos los trabajadores y trabajadoras quienes a través de nuestro trabajo construimos los servicios públicos, el Estado patrón reduce nuestros derechos e intenta desaparecer a nuestras organizaciones. En estas condiciones los servicios públicos de calidad no son posibles.
Para elevar la conciencia de la comunidad frente a esta situación y hacer un llamado de atención a los gobiernos, las trabajadoras y trabajadores públicos organizados en la Internacional de Servicios Públicos en los países Andinos, junto a otras organizaciones sindicales representativas del Sector Público y las Centrales Sindicales Andinas llevaremos adelante una JORNADA DE MOVILIZACIÓN REGIONAL A FAVOR DE LA LIBERTAD SINDICAL Y LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD para este 23 de junio de 2010, que tendrá las siguientes expresiones:
COLOMBIA: Foro en el Congreso de la República: “La privatización de los servicios públicos y su impacto en los derechos fundamentales de los ciudadanos, ciudadanas y trabajadores del sector público”-Bogotá
ECUADOR: Marcha desde el Edificio de la Caja del Seguro Social, Corte Constitucional, Asamblea Nacional hasta el Palacio de Gobierno-Quito
PERÚ: Paro Nacional Estatal y Marcha desde la Plaza 2 de Mayo hasta la Presidencia del Consejo de Ministros-Lima
VENEZUELA: Foro: “Diálogo con la comunidad acerca de la importancia de la libertad sindical en la construcción de servicios públicos de calidad” Parroquia de San José-Caracas.
¡Sin luchas no hay victorias!
¡Sin libertad sindical no hay servicios públicos de calidad!
¡Los derechos laborales en el corazón de los servicios públicos de calidad!
¡Por servicios públicos de calidad en manos públicas!
La Internacional de Servicios Públicos (ISP) es una federación sindical internacional que representa a 20 millones de mujeres y hombres empleados en el sector público en todo el mundo. Agrupa a más de 600 sindicatos en más de 150 países. La ISP es una organización independiente que colabora con las federaciones representantes de otros sectores económicos así como con la Confederación Sindical Internacional (CSI). La ISP está oficialmente reconocida como organización no gubernamental representante del sector público por la Organización Internacional del Trabajo (OIT); goza de un estatuto consultivo con el ECOSOC y de un estatuto de observador ante otros organismos especializados de las Naciones Unidas como la UNCTAD y la UNESCO.
Las Naciones Unidas han declarado el 23 de Junio, como el Día Internacional de los Servicios Públicos y como Internacional de Servicios Públicos hemos asumido a este día como un momento de reconocimiento de que somos las trabajadoras y trabajadores públicos quienes los producimos cotidianamente. En esta medida somos un pilar fundamental de la sociedad y de su edificación justa, democrática y equitativa.
No obstante las políticas de Estado evidencian en los últimos años una tendencia regresiva en cuanto a las garantías y ejercicio de la libertad sindical, la negociación colectiva y el derecho de huelga para todos los trabajadores del sector público, de todos los niveles profesionales y ocupacionales. La concepción hegemónica de la Reforma del Estado ha puesto en las espaldas de los trabajadores todo el peso de la crisis.
Particularmente en los países Andinos, la ISP a través de un Estudio Comparado de la Legislación y Prácticas Laborales en el Sector Público, ha determinado la gravedad de esta situación que independientemente de las diferentes definiciones políticas de los gobiernos de turno, tiene un común denominador que se sintetiza en:
Desigualdad ante la ley: todos los países constitucionalmente han desarrollado una división social del trabajo en el sector público, la que ha implicado la existencia de regímenes laborales diferenciados expresados más concretamente a través de las leyes secundarias. Existen unos trabajadores/as públicos cobijados por las leyes de carrera administrativa y otros por las leyes generales del trabajo. Esta división no tiene una tendencia homogénea. Se observa que Venezuela, Bolivia, Colombia y Ecuador han segregando las labores administrativas de las operativas, dividiendo el trabajo manual del intelectual. Por su parte Perú y Colombia han separado laboralmente a los sectores productivos de los sectores sociales del Estado; mientras que la nueva constitución de Ecuador los vuelve a unir a nivel de empleados públicos, a través del cambio de su régimen laboral a la ley de carrera, provocando la desaparición de los comités de empresa de trabajadores de las empresas públicas.
Desigualdad como sujetos de derechos: aquellas personas ligadas laboralmente al empleo público a través de las leyes de carrera no tienen la categoría de trabajadores, asumiendo la denominación de servidores públicos, lo que les sitúa ante el ejercicio de un “servicio civil”, más que un ejercicio laboral, situación que socialmente limita su condición de sujetos de derechos laborales y sindicales y pone al Estado como empleador omnipotente. Esto ha determinado que estos trabajadores y trabajadoras, por ejemplo en Bolivia y Ecuador no tengan derecho a organizar sindicatos y en Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia no tengan derecho a la negociación colectiva, dos pilares fundamentales de la libertad sindical; a pesar de que Colombia es el único país Andino que ha ratificado el Convenio OIT 154 que garantiza la negociación colectiva para empleados públicos.
Reconocimiento jurídico parcial y restricción real de la negociación colectiva: todas las constituciones Andinas integran a la negociación colectiva como un legítimo derecho de los trabajadores, no obstante como se mencionó anteriormente algunas lo restringen para aquellos denominados servidores públicos. Caso peculiar es Venezuela, en donde jurídicamente todos los trabajadores, incluyendo el sector de servidores públicos tienen el derecho, sin embargo la negociación colectiva a nivel público tiene serias dificultades para ser ejercida, debido a trabas jurídicas colaterales como la actualización de las directivas sindicales y el desarrollo de procesos de negociación con nuevos sindicatos. Ecuador también presenta una grave situación a partir de un proceso de revisión unilateral de los contratos colectivos del sector público que desmanteló las conquistas sindicales y que fue seguido de decretos ejecutivos y acuerdos ministeriales que eliminan en la práctica la negociación colectiva.
Injerencia gubernamental en las organizaciones sindicales y gremiales: las constituciones de Venezuela y Ecuador a través de la figura de la promoción por parte del Estado de la democratización de las organizaciones, abre claramente la posibilidad de interferencia y pérdida de autonomía sindical. A esto se le suman las prácticas de Hostigamiento hacia las organizaciones por parte de los gobiernos de turno y los empleadores, quienes han montado campañas mediáticas de desprestigio de las organizaciones y sus conquistas, que en algunos casos llega hasta la eliminación física de la dirigencia como se viene produciendo en Colombia y en menor magnitud ha iniciado a expresarse en Venezuela.
La flexibilización y desregulación laboral en el sector público: ha ocasionado una distorsión en el empleo público debido a la instauración de figuras de vinculación que aumentan los niveles de sobrexplotación del trabajo, restringen derechos y limitan el ejercicio sindical. Esto ha significado una baja tasa de sindicalización en relación a la población trabajadora activa en la función pública, por tanto, el aumento significativo de trabajadores no organizados lo que propicia la eliminación paulatina de las relaciones colectivas de trabajo con el Estado. Estos trabajadores y trabajadoras, tienen mayores dificultades en alcanzar el objetivo de la organización, ya que si bien el derecho está reconocido constitucional y legalmente, en lo concreto existen una serie de prácticas gubernamentales y de los empleadores que impiden cristalizar ese afán, pues son víctimas del temor ante la amenaza permanente del despido.
La evaluación del desempeño con carácter punitivo, es una vía abierta para los despidos y eliminación progresiva de la carrera administrativa: en todos los países los procesos de gestión de personal han involucrado sistemas de evaluación de desempeño que se convierten en una amenaza para los trabajadores y trabajadoras, ya que ponen a la evaluación en el centro de decisiones trascendentales en la carrera pública y sus resultados, con un peso mayormente subjetivo, afectan directamente la permanencia en el empleo. Por su parte el aumento de formas flexibles de contratación ha implicado la eliminación progresiva de la carrera administrativa, ya que no se abren nuevas plazas para contratación formal y los ascensos están parados.
Esta situación presenta para la ISP una contradicción. Mientras somos los trabajadores y trabajadoras quienes a través de nuestro trabajo construimos los servicios públicos, el Estado patrón reduce nuestros derechos e intenta desaparecer a nuestras organizaciones. En estas condiciones los servicios públicos de calidad no son posibles.
Para elevar la conciencia de la comunidad frente a esta situación y hacer un llamado de atención a los gobiernos, las trabajadoras y trabajadores públicos organizados en la Internacional de Servicios Públicos en los países Andinos, junto a otras organizaciones sindicales representativas del Sector Público y las Centrales Sindicales Andinas llevaremos adelante una JORNADA DE MOVILIZACIÓN REGIONAL A FAVOR DE LA LIBERTAD SINDICAL Y LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD para este 23 de junio de 2010, que tendrá las siguientes expresiones:
COLOMBIA: Foro en el Congreso de la República: “La privatización de los servicios públicos y su impacto en los derechos fundamentales de los ciudadanos, ciudadanas y trabajadores del sector público”-Bogotá
ECUADOR: Marcha desde el Edificio de la Caja del Seguro Social, Corte Constitucional, Asamblea Nacional hasta el Palacio de Gobierno-Quito
PERÚ: Paro Nacional Estatal y Marcha desde la Plaza 2 de Mayo hasta la Presidencia del Consejo de Ministros-Lima
VENEZUELA: Foro: “Diálogo con la comunidad acerca de la importancia de la libertad sindical en la construcción de servicios públicos de calidad” Parroquia de San José-Caracas.
¡Sin luchas no hay victorias!
¡Sin libertad sindical no hay servicios públicos de calidad!
¡Los derechos laborales en el corazón de los servicios públicos de calidad!
¡Por servicios públicos de calidad en manos públicas!
La Internacional de Servicios Públicos (ISP) es una federación sindical internacional que representa a 20 millones de mujeres y hombres empleados en el sector público en todo el mundo. Agrupa a más de 600 sindicatos en más de 150 países. La ISP es una organización independiente que colabora con las federaciones representantes de otros sectores económicos así como con la Confederación Sindical Internacional (CSI). La ISP está oficialmente reconocida como organización no gubernamental representante del sector público por la Organización Internacional del Trabajo (OIT); goza de un estatuto consultivo con el ECOSOC y de un estatuto de observador ante otros organismos especializados de las Naciones Unidas como la UNCTAD y la UNESCO.
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